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Fiscalía inicia imputación por trama de corrupción en Guatemala

La investigación se inició en abril de 2015 cuando fueron detenidos integrantes de una red de corrupción conocida como "La Línea", cuyos cabecillas, según la investigación, eran el presidente Pérez Molina y su vicepresidenta Baldetti.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (Feci) comenzó este martes la imputación a una red criminal, encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que supuestamente saqueó millones de dólares al Estado.

El titular de la Feci, Francisco Sandoval, explicó durante la audiencia de primera declaración que celebra el Juzgado B de Mayor Riesgo, que la acusación la dividieron en cuatro grupos.

Detalló que en el primer grupo se incluirán a inversionistas, en el segundo a funcionarios, en el tercero a contratistas y en el otro a los que lavaron dinero.

Según las previsiones de Sandoval, para hacer las imputaciones al grupo, conformado por al menos 53 personas, se llevarán dos días.

El fiscal explicó que la investigación para dar con esta estructura se inició por declaraciones del exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien es un colaborador del Ministerio Público en la trama de corrupción "La Línea", desarticulada en abril de 2015, en la que también están acusados Pérez Molina y la exvicepresidenta.

Inicialmente se crearon empresas de fachada para recaudar fondos para la campaña electoral de Pérez Molina y Baldetti del Partido Patriota (PP) en 2008 y 2011, hechos en los que participó Monzón y una red de empresarios, dijo el fiscal.

Los recursos no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sino que se utilizaron para la compra de camiones y camionetas que luego el exbinomio presidencial incorporó como patrimonio personal, agregó.

Al asumir el poder en enero de 2012, puntualizó Sandoval, por los contratos otorgados a los inversores la red recibía un 10 por ciento de comisión.

De ese total, el 60 por ciento iba para Pérez Molina y Baldetti, y el resto para los otros integrantes de la organización, detalló.

Las primeras investigaciones revelan que entre 2012 y 2015 se otorgaron al menos 450 contratos que presuntamente dejaron al grupo unos 65,3 millones de dólares.